Medidas destinadas a reducir los delitos y alteraciones del orden público

Durante el año pasado, las disposiciones legislativas de algunos Estados miembros pretendían reducir el impacto social del consumo de drogas mediante un control más severo del orden público y de las alteraciones de éste.

En Irlanda, la Ley de justicia penal (Orden público) de 2002 fue introducida para reforzar la Ley de 1994 relativa al orden público. Las personas condenadas en virtud de dicha ley por un delito contra el orden público, como la intoxicación (por consumo de drogas) en público, y que puedan representar un peligro para sí mismas, podrán ser objeto de una orden de alejamiento que les entrar o estar en determinados locales, como bares, salones de baile o locales que sirvan comida.

En el Reino Unido, el artículo 8 de la Ley sobre consumo de drogas, que se aplica a los arrendatarios y directores de determinados tipos de locales, fue modificada para incluir el consumo ilegal de cualquier droga sujeta a control, (anteriormente sólo se aplicaba a fumar cánnabis u opio) a fin de combatir los locales donde se consume crack. No obstante, estos poderes son de amplio alcance, y en consecuencia el gobierno ha decidido que las propuestas contenidas en la Sección 8 pueden no se lo bastante eficaces para abordar este problema. Por lo tanto, está intentando introducir una nueva legislación en forma de Ley de Conducta Antisocial (Anti-Social Behaviour Bill), dirigida a los locales más que a las personas, que permitirá a la policía, conjuntamente con las autoridades locales, cerrar locales de crack en un plazo de 48 horas. Así pues, el Reino Unido no pretende aplicar la modificación de la Sección 8 (d) por el momento, aunque pueda hacerlo si las sanciones incorporadas a la Ley de Conducta Antisocial resultan no ser totalmente eficaces en los próximos dos años.

En los Países Bajos, la Ley Victoria de 1997 facultó a los alcaldes para clausurar aquellos locales en que el consumo o tráfico de drogas provocase alteraciones del orden público. Sin embargo, en vista de que la clausura de edificios puede tener un efecto negativo sobre la apariencia y estructura social de un vecindario, la nueva Ley Victor de mayo de 2002 permite a los ayuntamientos a reasignar los locales clausurados, por ejemplo, permitiendo la entrada de nuevos inquilinos. En la ciudad de Venlo, un proyecto piloto cuatrienal en el que participan la policía, los fiscales y la administración pretende reducir las alteraciones del orden público que provocan los numerosos turistas de la droga que compran cánnabis en locales no autorizados. Y en julio de 2002, el alcalde de Rotterdam, haciendo ejercicio de las competencias que le concede la Ley de ayuntamientos, impuso personalmente una orden de alejamiento de seis meses a aproximadamente 50 drogodependientes que molestaban a los residentes de un barrio local. Sin embargo, el tribunal regional resolvió que, si bien el alcalde estaba facultado para luchar contra las alteraciones del orden público, una orden de alejamiento de 6 meses era demasiado larga y no estaba justificada; a pesar de ello, la ciudad de Rotterdam tiene la intención de continuar con su política de alejamiento.

En Dinamarca, una ley que prohíbe la asistencia a determinados locales entró en vigor en junio de 2001. El objetivo de dicha ley es permitir una intervención más eficaz en los clubes donde se vende cánnabis y se cometen otros tipos de delincuencia organizada, provocando alarma entre los vecinos. Esta ley permite a la policía, tras una primera advertencia, expedir una orden contra el propietario de esos locales, en la que se prohíbe la asistencia o permanencia de visitantes en ellos. La violación de esta orden puede castigarse con una multa, y la reincidencia puede conllevar una pena de prisión de hasta 4 meses.